La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para expedir la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, a fin de establecer las bases para instrumentar acciones y programas que las dependencias de la administración pública estatal deben efectuar para otorgar beneficios y facilidades relacionados con la actividad económica que desempeñan personas físicas y morales en el ámbito de jurisdicción, la cual se turnó a comisiones para su análisis.
La legisladora del PT expuso que aunque la economía nacional enfrenta grandes desafíos, se ha logrado mantener cierta estabilidad gracias a la diversificación de actividades destinadas al comercio exterior, pero también al mercado interno al que va dirigida la mayor parte de la producción y prestación de servicios en nuestro país.
“Tal estabilidad se debe en gran medida a la perseverancia de la ciudadanía que contribuye al crecimiento de la economía nacional, ya que de los 4.2 millones de unidades económicas que existen en México, 99.8 % forman parte de las pequeñas y medianas empresas. De éstas, 97.6 % son microempresas que concentran el 75.4 % del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas que son un 2% y tienen el 13.5 % de personal ocupado. Las medianas representan el 0.4 % de 1 las unidades económicas y tienen poco más del 11 % de personal ocupado”.
Destacó la oportunidad histórica que tiene la nueva administración para transformar al país; es necesario establecer acciones estratégicas y políticas públicas que permitan lograr el desarrollo económico que favorezca la certidumbre jurídica, creando un ambiente de beneficio para el crecimiento de negocios y creación de empleos.
Karen Hernández señaló que la aplicación de la Ley corresponde al Ejecutivo Estatal a través de la Sefome, que tendrá además de sus propias funciones, las siguientes: fomentar la cultura de la legalidad y el comercio formal, realizar convenios con los municipios para facilitar a personas y empresas su actividad económica.
Generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento permanente de obligaciones regulatorias y fiscales y el otorgamiento de facilidades por parte de las dependencias de la Administración Pública Estatal; operar y administrar el Padrón Único de Confianza en los términos de esta ley y los convenios de coordinación con los municipios.
Este padrón tiene como propósito la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, administración y transmisión de información concerniente a contribuyentes que podrán ser beneficiarios y dicha información deberá manejarse de conformidad a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima.
La inscripción voluntaria de contribuyentes se entenderá como acto de buena fe, por el cual manifiestan que se encuentran al corriente en sus obligaciones regulatorias y fiscales, según la actividad económica que desempeñen.
Hernández Aceves resaltó que en el Proyecto de Nación 2018-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera tarea es recuperar al Estado y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y social del país; “el Estado debe asumir su responsabilidad pública, económica y social: su razón de ser es garantizar a toda la población una vida digna y justa, con seguridad y bienestar”, dijo.
El eje principal de la nueva administración es eliminar la corrupción en México, y para ello es necesario implementar diversas acciones tendientes, principalmente, a reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la Administración Pública. Así, por ejemplo, el nuevo gobierno instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basado en tenerle confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como delincuente. Es decir, pasar de la fiscalización al principio de la buena fe, concluyó la Diputada petista Ana Karen Hernández Aceves.