Autor: Territorio

Al inaugurar la Segunda Sesión de la Reunión Regional de Procuración de Justicia, en el municipio de Manzanillo, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, señaló que el crimen organizado adopta formas de expresión cada vez más agresivas, mientras que el Estado afina su sistema de justicia penal desde una filosofía de pleno respeto a los derechos humanos.

En el evento participaron representantes de procuradurías y fiscalías de los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, y de la Procuraduría General de la República.

En opinión del jefe del Ejecutivo colimense la zona occidente del país enfrenta retos de consideración frente al interés estratégico que representa para el crimen organizado.

Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, precisó que adquirió una especial virulencia en los últimos años, así como una mayor diversificación de sus ámbitos de interés, lo que genera nuevos desafíos para las instituciones federales y estatales.

En la reunión realizada en el Hotel Barceló, Ignacio Peralta Sánchez comentó que Colima enfrenta una circunstancia adversa en materia de seguridad desde hace varios años, pero su gobierno ha asumido esta situación con toda

la entereza personal e institucional, sin lograr todavía los resultados que se han buscado.

Una de las características del crimen organizado es su capacidad de operación trascendiendo los límites y las fronteras de los ámbitos de gobierno legalmente establecidos, por lo que consideró importante generar estrategias comunes que unifiquen los esfuerzos y permitan una mayor capacidad estratégica a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

El representante de la PGR, Roberto Andrés Ochoa Romero, advirtió que es necesario colocar las bases sobre las que pueda implantarse un gobierno homologado en procuración de justicia que sea válido y sobre todo útil para el sistema de justicia penal que hoy está vigente en todo el país.

Juzgó indispensable el diseño de un modelo de procuración de justicia que responda a las necesidades sociales actuales de protección penal, que se ajuste al modelo de justicia que desde 2008 se ha venido implementando en el país.

Manifestó que el reto de la investigación y persecución penal de los delitos en el marco del sistema penal acusatorio exige nuevos planteamientos y estrategias de colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y las instituciones de procuración de justicia.

Según Ochoa, los resultados alcanzados hasta el momento son muy importantes, pero la lucha contra la criminalidad organizada requiere la suma de esfuerzos entre instituciones, gobiernos y ciudadanía.

Desde su punto de vista, el compromiso institucional no puede ser otro que la aplicación irrestricta de la ley para proteger los bienes jurídicos más importantes para la sociedad, pues no se pueden dejar espacios abiertos para la impunidad, sino que se debe actuar con eficiencia, con

responsabilidad social y con absoluta solidaridad frente a las víctimas del delito.

Por último, para el procurador de Justicia de Colima, José Guadalupe Franco Escobar, resulta indispensable la confección de un plan integral para construir un nuevo modelo de procuración de justicia, en cuya base se encuentren fiscalías eficaces y eficientes que respeten derechos, generen y utilicen información proactiva.

 

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