Autor: Territorio
COLIMA, Col. Junto con nueve estados de la república, Colima es una de las
entidades que no cuentan con un plan anticorrupción, reportó mediante un
documento emitido recientemente el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Los estados que no cuentan con plan o programa anticorrupción son Baja
California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche,
Quintana Roo, Tabasco, Nayarit y Colima.
En tanto, los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero tienen
en proceso de integración su programa anticorrupción, y el resto ya cuentan
con su programa respectivo con diversos grados de avances.
La fuente de esta información es el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, levantado por el Inegi.
En lo relativo a las tasas de víctimas de corrupción por cada cien mil
habitantes, Colima se encuentra en los últimos cinco lugares, con 7 mil 551
casos, apenas por encima de Guanajuato (7 mil 253), Nayarit (7 mil 084),
Tlaxcala (6 mil 952) y Zacatecas (6 mil 810), mientras que la media nacional
fue de 12 mil 590.
Según estas últimas cifras, durante 2015 en el país hubo 12 mil 590 personas
que estuvieron involucradas en algún evento de corrupción al solicitar cierto
trámite o servicio público por cada cien mil habitantes de 18 años y más que
tuvo contacto con algún servidor público.
En ese año, a nivel nacional se llevaron a cabo 30 mil actos de corrupción por
cada 100 mil habitantes de 18 años y más, lo que indica que a nivel nacional
cada víctima de corrupción experimentó alrededor de 2.4 actos de
corrupción.
El análisis por entidad federativa reveló diferencias importantes entre
estados. Las tasas de prevalencia de corrupción más altas se encontraron en
los estados de Morelos con 20 mil 092 víctimas por cada cien mil habitantes
que tuvieron contacto con algún servidor público; en Sinaloa, 18 mil 144; en
Chihuahua, 17 mil 621; en Michoacán, 16 mil 321 y en la Ciudad de México
16 mil 167 víctimas de corrupción.
Los menores niveles se observaron en los estados de Zacatecas y Veracruz
con 6 mil 810 y 6 mil 952 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes,
respectivamente.
Esto significa que una persona en Morelos que entra en contacto con un
servidor público para la solicitud de un trámite o servicio tiene tres veces más
probabilidad de ser víctima de corrupción que si el trámite fuera realizado en
Zacatecas.
Con relación a la frecuencia de los actos de corrupción, la entidad con mayor
cantidad de eventos de corrupción fue el Estado de México con 62 mil 160
por cada 100 mil habitantes mayores de edad que tuvieron contacto con
algún servidor público, seguido por Sinaloa con 58 mil 232 hechos de
corrupción.
En contraparte, en Colima y Nayarit se presentaron menos de 10 mil actos de
corrupción por cada 100 mil habitantes que solicitaron algún trámite o
servicio público, lo que indica que en el Estado de México o Sinaloa se
presentaron 6 hechos de corrupción por cada caso registrado en Colima o
Nayarit.
El estudio señala que la corrupción amenaza el desarrollo sostenible de los
países, distorsionando los mercados e inhibiendo las decisiones de inversión,
además de que es violatoria de los derechos humanos.
“La corrupción está presente tanto en países desarrollados como en países
en desarrollo y no está restringido al sector público, sino que también se
manifiesta en ámbitos privados”.
En México, las percepciones que la población tiene sobre un determinado
fenómeno se crean según la experiencia personal que se ha tenido al tratar
directamente con el asunto o a través de las experiencias, ideas, e
información, que son transmitidos por familiares, conocidos, medios de
comunicación, entre otros.
En 2015, la mitad de las personas de 18 años y más consideraron que la
corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus entidades
federativas, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
Aunado a lo anterior, 88.8 por ciento de la población consideró que la
corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy
frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno,
quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios
personales.
Para el sector privado, la corrupción en el país se encuentra entre los cinco
principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. De acuerdo a una
encuesta, 17.6 por ciento de los establecimientos la ubican entre los tres
problemas más importantes que aquejan en la entidad donde radican,
después de los problemas como la inseguridad, la delincuencia, el aumento
de precios de los insumos o el entorno económico de la entidad.
Cabe resaltar que 64.6 por ciento de los establecimientos consideraron que
se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar algún
trámite; 39.4 por ciento señaló que otro motivo importante para propiciar un
acto de corrupción es para evitar multas o sanciones, y 30.7 por ciento
mencionó que el obtener licencias o permisos son también motivo de
corrupción.
Por su parte, menos del 15 por ciento de las empresas consideraron que la
corrupción se presenta para ganar contratos gubernamentales o para
participar en licitaciones.